La muerte de Luis Fernando Montes de Oca, estudiante de medicina, expone los riesgos que enfrentan los estudiantes al hacer su servicio social en México.

Después de trasladar en ambulancia a una mujer con complicaciones de parto, el joven estudiante Luis Fernando Montes de Oca iba de regreso al hospital donde realizaba su servicio social. Mientras viajaba por la carretera de Zacatecas a Jalisco, él y el chofer de la ambulancia fueron interceptados y asesinados a balazos. Horas después los encontraron junto a la unidad ya incendiada. El evento de inmediato indignó a la sociedad, al sector médico y a los estudiantes de medicina que exigen una respuesta a las autoridades. "Sentimos mucha impotencia y decepción con la sociedad. Estudiamos para ayudar a la población y por soñar con ser médicos nos terminan asesinando. Luis estaba a solo tres semanas de concluir su servicio social para titularse como Médico General”, comenta a DW el vocero del Movimiento Estudiantil UAG y del Colectivo #JusticiaParaLuis, quien por motivos de seguridad prefiere no dar su identidad.

También asegura que no conocen algún estudiante de medicina que no haya sufrido un hecho relacionado con la violencia durante este periodo de su preparación. Explica que no es algo nuevo, solo que, en la actualidad, con las redes sociales, los casos se vuelven públicos y no quedan archivados.

Carteles en que los estudiantes de medicina exigen justicia.

Las escuelas de medicina exigen justicia y una respuesta del Estado.

"Envían a los estudiantes de medicina a zonas de alta peligrosidad donde el crimen es el que manda. Incluso el acceso al lugar es complicado, se tiene que llegar en burro o vehículos todo terreno para poder entrar. El gobierno se ha aprovechado de los médicos de servicio social, sobre ellos recae la responsabilidad de ofrecer salud. Van sin apoyos de logística, incluso el estudiante pone de su propio dinero para comprar medicamentos e insumos”, agrega el vocero del colectivo #JusticiaParaLuis.

Nadie asume responsabilidad

Por su parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), institución donde estudiaba Luis Fernando Montes de Oca, lamentó el fallecimiento. El Estado no se ha pronunciado al respecto. Ambos hechos son calificados como "tibios” y encolerizan al sector salud, el cual en últimas fechas ha multiplicado esfuerzos al exponer su vida en la emergencia sanitaria del coronavirus en el país.

"La universidad se ha mantenido distante, no ha sido solidaria. Después de la muerte de Luis, convocamos a llevar pancartas para protestar y no nos dejaron ni siquiera colgarlas con la excusa de que dañaríamos las paredes”, agrega el vocero del Movimiento Estudiantil UAG. Fue en los años treinta que en México se implementó el Servicio Social con la participación de los universitarios; y hasta el día de hoy no se ha modificado su regulación en el área de la medicina. "Se han tenido acercamientos, desde hace 10 años, a raíz de las preocupaciones de los estudiantes. No se ha llegado a nada e incluso se asignan plazas sin retribución becaria. Lo único que pedimos son pasantías dignas”, comenta en entrevista con DW José Francisco Gómez Zapata, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación.

El acceso a la salud en territorio mexicano

Por la situación de violencia que se vive en el país, los estudiantes de medicina piden la opción de hacer su servicio social en una fábrica, empresa o prolongar su residencia un año más en los hospitales. También piden una reforma en que se cumplan los plazos estipulados desde un inicio: "Es necesario que los estudiantes solo cumplan con el tiempo de seis meses y que se envíen a zonas seguras. Las universidades asignan las plazas que reciben del gobierno, pero nadie se hace responsable ante un hecho de violencia”, agrega Gómez Zepeda. Aún falta reconocer por parte del Estado y las Secretarías de Salud locales el peligro que viven los jóvenes durante este periodo de la carrera.

Médicos sin Fronteras da servicios de salud en zonas de alta peligrosidad.

Médicos sin Fronteras da servicios de salud en zonas de alta peligrosidad.

Sobre el tema, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras platica con DW de su labor en territorio mexicano y las situaciones de violencia a las que se enfrentan: "Hace mucha falta la presencia de la Secretaria de Salud, desde hace años faltan médicos y las brigadas móviles no llegan, son irregulares y se ven afectadas por los incidentes violentos. En los diferentes lugares donde trabajamos, siempre lo hacemos de la mano del personal de salud, pues nuestro objetivo es apoyar a la Secretaría. Sabemos que muchos médicos y enfermeras no son de la población y hemos encontrado casos en que han tenido que irse porque han sido amenazados por los grupos criminales o viven situaciones de alta inseguridad. Estos lugares se quedan desprotegidos y la población vive muchas carencias, pues son comunidades alejadas; el costo de salir de ahí es alto y en muchos casos las comunidades están confinadas por fronteras invisibles de otros grupos armados”, comenta Laura Gómez, coordinadora de proyecto en Médicos sin Fronteras para los estados de Guerrero y Michoacán.

"Nosotros llegamos a lugares donde la propia Secretaría de Salud no puede llegar por la situación de conflicto. Lo logramos hablando con todos los actores necesarios, desde la neutralidad, no tomamos partido, nos hacemos conocer por nuestras actividades. Vamos solos y por nuestra parte, hacemos nuestras evaluaciones. Antes de llegar a cualquier lugar conseguimos todos los contactos necesarios, esto quiere decir, líderes sociales, los comisarios o los encargados del orden, los sacerdotes, profesores, grupos armados legales e ilegales. Hablamos con la mayor cantidad de gente posible que tenga que ver con la zona para comentarles sobre nuestras actividades y nuestro interés de brindar servicios de salud. El Estado debe reforzar su presencia en estas comunidades que han estado abandonadas por años, y es ahí donde los médicos tienen que huir por la violencia”, concluye Laura Gómez, de Médicos sin Fronteras en México.

James Solages y Joseph Vincent son los dos estadounidenses de origen haitiano que fueron arrestados, uno de ellos declaró que los mercenarios estaban en Haití hace tres meses.

La policía de Haití aceleraba y continuaba este jueves (08.07.2021) la búsqueda de sospechosos de matar presidente de ese país Jovenel Moise, en un ataque perpetrado en su casa por hombres armados. 

En horas de la tarde, las autoridades de Haití daban cuenta del arresto de quince colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano por su supuesta implicación en el magnicidio.

El comando que perpetró el magnicidio estaba compuesto por 26 colombianos y los dos estadounidenses, según informaciones ofrecidas por el director general de la Policía, León Charles, en una rueda de prensa.

Uno de los supuestos miembros del comando que mató al presidente haitiano, Jovenel Moise, reveló que los asesinos colombianos llegaron al país hace tres meses, según dijo un juez al diario "Le Nouvelliste" este jueves.

 

"Los mercenarios estaban en Haití desde hace cerca de tres meses", dijo el detenido James Solages, según declaró al periódico el juez de paz Clément Noël, quien interrogó a dos de los detenidos.

James Solages y Joseph Vincent son los dos estadounidenses de origen haitiano que fueron arrestados por supuestamente formar parte del comando, que contaba además con 26 colombianos, la mayoría militares, según las autoridades haitianas.

Ambos declararon al juez que fueron contratados como intérpretes, dijeron haber encontrado el trabajo por internet y aseguraron que la misión consistía en "detener al presidente Jovenel Moise, en el marco de la ejecución de un mandato judicial de instrucción" y "no matarlo".

Solages también dijo que llevaba un mes en Haití y Vincent declaró haber llegado al país hace seis meses.

La Policía haitiana anunció este jueves que el comando estaba compuesto por 28 personas, de los cuales 26 eran de nacionalidad colombiana.

La policía cercó a los sospechosos

Más temprano, la enviada de la ONU a ese país, Helen La Lime, aseguró que la Policía tenía cercados a posibles sospechosos que se refugiaron en dos edificios en Puerto Príncipe,

Por videoconferencia desde la capital haitiana, La Lime dijo a periodistas en Nueva York que cuatro miembros de un grupo que atacó el palacio presidencial el miércoles y disparó contra el presidente y su esposa fueron abatidos por la policía y otros seis están bajo custodia policial.

"También me consta que un grupo de posibles perpetradores se ha refugiado en dos edificios de la ciudad y están ahora rodeados por la policía", señaló.

Según ella, el número de sospechosos cercados por la policía es superior a seis.

Anteriormente, la policía haitiana había informado de cuatro abatidos y dos detenidos con relación al asesinato de Moise. La emisaria dijo que había obtenido esta información en las últimas 12 horas.

En declaraciones al término de una reunión de urgencia a puertas cerradas del Consejo de Seguridad de la ONU, solicitada por Estados Unidos y México y que duró apenas una hora, la exdiplomática estadounidense aseguró no tener información sobre la identidad de los asesinos.

"No sé quién está en este comando"; "tenemos que esperar" a que la policía haitiana realice más investigaciones, dijo. "Nos enfrentamos a una situación muy grave ahora" en Haití, añadió.

La Lime consideró que el primer ministro interino, Claude Joseph, representa a la autoridad responsable en Haití mientras el nuevo primer ministro, Ariel Henry, designado el lunes por el presidente Moise, no haya prestado juramento. Sobre este tema, evocó el artículo 149 de la Constitución de Haití.

 

"Pide ayuda internacional en investigación"

Ariel Henry disputa el poder reclamado por Claude Joseph. "Si efectivamente hay un cambio en este procedimiento, debe ser el resultado de un acuerdo político entre las partes interesadas", sostuvo La Lime, indicando que Joseph se había declarado "abierto al diálogo".

Indicó también que durante una entrevista con Joseph el miércoles, éste no había cuestionado el calendario electoral, que prevé una primera vuelta presidencial el 26 de septiembre y una segunda vuelta en noviembre.

"Cuando el primer ministro se reunió con nosotros ayer, dijo que estaba tratando de mantener este calendario", dijo La Lime.

"Ahora le toca al gobierno de Haití y al pueblo trabajar para que se realicen estas elecciones y que el pueblo haitiano pueda elegir a sus líderes", afirmó.

La Lime también reveló que durante la reunión del Consejo de Seguridad también se planteó la solicitud de Haití de "asistencia de seguridad adicional". "Debemos considerar esta ayuda", indicó.

"Pero la clave está en las próximas dos semanas; realmente tenemos que trabajar de la manera más efectiva para asegurar que esta investigación avance y que los perpetradores de este horrible crimen sean llevados ante la justicia", añadió.

mg (afp, efe)

En varios países de la región, los reporteros o corresponsales tienen grandes dificultades para ejercer un periodismo libre y sin censura. DW conversó con dos expertos que analizaron la situación.

En su más reciente informe, publicado a inicios de esta semana, la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer una lista en la que 37 jefes de Estado fueron calificados como "depredadores de la libertad de prensa 2021".

Entre los "depredadores" latinoamericanos que figuran en la lista, y que dificultan la labor libre de los periodistas se encuentran los mandatarios Jair Bolsonaro (Brasil), Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba).

Asimismo, en las últimas horas, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el hondureño Jorge Canahuati, declaró a la agencia EFE que "la situación en Nicaragua con respecto a la libertad de expresión ha alcanzado un nivel extremo" y que América Latina en general está "en retroceso" debido al auge de gobiernos populistas.

En otros países de la región también se denuncian problemas para la libertad prensa y persecución a los periodistas y reporteros: "Me preocupa mucho el país", porque "se va quedando sin periodismo, se va quedando también sin democracia", dijo Carlos Dada, director del periódico salvadoreño El Faro, tras denunciar que el editor del mismo medio, el mexicano Daniel Lizárraga, fuera expulsado de El Salvador por orden del gobierno de Nayib Bukele.

Los mandatarios Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela), calificados, junto con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, de depredadores de la libertad de prensa 2021 por Reporteros sin Fronteras.

Los mandatarios Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela), calificados, junto con Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, de "depredadores de la libertad de prensa 2021" por Reporteros sin Fronteras.

Preocupación por la situación a nivel regional

El panorama para la libertad de prensa en Latinoamérica es adverso, según explicó a DW Natalie Southwick, Coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

"Hay muchas razones para preocuparse por la libertad de prensa en la región: las nuevas olas de represión en Nicaragua y Cuba, la retórica antiprensa de líderes como Bolsonaro y Bukele, periodistas asesinados en México y Haití o abusos policiales contra la prensa en países como Colombia y Chile", dijo la experta del CPJ.

En conversación con DW, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, afirmó que gobernantes de diferentes colores políticos como Bolsonaro, Ortega, Maduro, López Obrador (México) y, hasta hace poco, Donald Trump "buscan desacreditar y estigmatizar a medios y periodistas. En algunos casos apelan a la concentración de poderes que han instaurado para desatar un brutal acoso judicial y legislativo contra la prensa".

La pandemia restringe la libertad de prensa

El COVID-19 también ha afectado la práctica libre y sin censura del ejercicio del periodismo. En palabras de Southwick, "la pandemia ha brindado a líderes con tendencias autoritarias, como en Nicaragua, Brasil y El Salvador, una excusa para buscar controlar a la prensa y restringir el acceso a la información, un derecho fundamental y especialmente necesario en medio de una crisis de salud pública", añadió la representante del CPJ.

Jonet, por su parte, coincidió: "La pandemia y las consecuencias económicas que esta acarrea plantean un delicado escenario para las libertades de prensa y de expresión en el mundo entero". Además, los gobiernos populistas "no solo no salieron a garantizar la sustentabilidad de los medios, sino que aprovecharon los estados de emergencia para acentuar sus presiones tendientes a coartar el derecho a informar y ser informado", agregó.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume 90%
 
 
 
Ver el video03:26

Dudoso "cuadro de honor" para cuatro presidentes latinoamericanos

¿Qué hacer para luchar contra la censura?

Los expertos consultados por DW consideran que la única forma para mejorar la situación de los periodistas para defender la libertad de prensa es seguir informando y buscar el apoyo de organizaciones internacionales.

"En contextos donde las autoridades no están interesadas en tomar ni las más básicas medidas para proteger a la prensa, como en Guatemala, o en Venezuela o Brasil, donde los líderes están tratando de socavarlos activamente, es vital que los y las periodistas tengan las herramientas y el conocimiento para protegerse a sí mismos y a sus colegas", señaló Southwick.

"La mejor ayuda que podemos brindar es exhortar a los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y las libertades de expresión y de prensa para que unan fuerzas a fin de exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de periodistas detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de institucionalidad democrática", concluyó Jornet.

(cp)

"La limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación constituye un acto de violencia contra la mujer", indicó la SCJN en un comunicado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró este miércoles (07.07.2021) inconstitucional la penalización de mujeres víctimas de violación que abortan, al otorgar un amparo a una adolescente.

"La limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta contra sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental", indicó la SCJN en un comunicado.

La primera sala de la SCJN concedió el amparo a una persona con parálisis cerebral severa y en condiciones de pobreza y marginación que fue víctima de violación cuando era adolescente y a quien el director del hospital general de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, negó la posibilidad de interrumpir el embarazo. La situación se dio porque se superaban los 90 días después de la concepción que se establecen en el artículo 181 del Código Penal del estado de Chiapas, informó la Suprema Corte.

 

Sin embargo, el SCJN estableció que el juez de distrito "que conoció inicialmente del amparo realizó un análisis incorrecto del asunto" ya que no valoró la dimensión de las particularidades de la víctima, por lo que no actuó "conforme a los lineamientos y directrices relacionados con perspectiva de género".

Además, los magistrados, que resolvieron el amparo de forma unánime, consideraron que dicho juez tampoco se pronunció sobre la necesidad o no de aplicar medidas de ajuste ni tomó en cuenta que la víctima era adolescente cuando fue violada, "lo cual le obligaba a adoptar medidas reforzadas". Por lo anterior, la sala declaró inconstitucional dicha porción normativa del artículo 181 del Código Penal de Chiapas y la negativa del hospital a practicar la interrupción del embarazo.

"La limitación temporal prevista en dicho precepto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida", apuntó el reporte. "Por lo mismo se trata de conductas que se encuentran tipificadas penalmente y son reprochables por el Estado. (...) La Sala concluyó que la negativa de la autoridad sanitaria se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos humanos de la víctima y de su madre", terminó el SCJN.

La semana pasada, el estado de Hidalgo, en el centro de México, se convirtió a través de una reforma en el tercer estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa, pues hasta ahora solo Oaxaca y Ciudad de México permitían legalmente esta práctica. En el resto del país está permitida cuando hay una violación a la mujer y algunos estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.

En Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, hasta el 2020 se habían realizado 231.191 de ellos, lo cual, según especialistas, ha incidido en la disminución de muertes maternas por esta causa.

ama (efe, afp, milenio)

El estado de emergencia, el cuarto decretado en la capital japonesa, entrará en vigor el 12 de julio con la intención de frenar el aumento de casos de coronavirus.

El primer ministro japonés Yoshihide Suga declaró este jueves estado de emergencia en el área de Tokio, una alerta que estará vigente hasta el 22 de agosto y que coincidirá con la celebración de los Juegos Olímpicos.

El estado de emergencia entrará en vigor el lunes 12 de julio para frenar el aumento de casos de coronavirus en la capital, dijo Suga tras reunirse con el comité gubernamental que gestiona la pandemia, aunque en la práctica la medida no supondrá muchos cambios con respecto a la situación actual, al margen de un endurecimiento de restricciones para los comercios.

Asimismo, el país asiático prolongó el nivel de alerta en la región de Okinawa (sudoeste), donde ya se encontraba activa, y mantuvo ciertas restricciones en las prefecturas de Chiba, Saitama y Kanagawa, colindantes con Tokio y donde también se disputarán competiciones de los Olimpíadas.

La nueva declaración de emergencia, la cuarta para Tokio, podría afectar la asistencia de público en las sedes deportivas olímpicas de la capital y sus alrededores.

Los organizadores del evento, que está previsto celebrarse entre el 23 de julio y el 8 de agosto, no han descartado la celebración de competiciones a puerta cerrada en función de la situación epidémica. Sin embargo, recientemente anunciaron que tenían previsto permitir la entrada de hasta 10.000 espectadores o la mitad del aforo de las instalaciones.

Representantes del comité organizador nipón, del Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Internacional y de las autoridades de Tokio y del gobierno central tienen previsto reunirse esta misma semana para debatir al respecto y tomar una decisión.

efe/reuters/dpa /rr

Copyright© 2019 Sizart Todos los derechos reservados.