López Obrador despertó en las comunidades indígenas esperanzas de cambio. El Tren Maya indigna a los pueblos mayas en Yucatán, mientras que en Chiapas la violencia desplaza a las comunidades de sus territorios.
José "Pepe" Euán Romero, activista en la organización de derechos humanos Indignación, con sede en Yucatán, es un descendiente maya cuyos ancestros habitan desde hace siglos la península de Yucatán. Dice que ya se sabe de dónde vienen los apellidos españoles que tienen los mayas. "Mi apellido Euán es maya, y Romero es español. Mis 'más antiguos abuelos' fueron tratados como esclavos en las haciendas, y les pusieron los apellidos de sus patrones, como propiedad suya", dice en conversación con DW.
En mayo pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador viajó a Yucatán para pedir perdón a los pueblos mayas por los abusos cometidos durante cinco siglos desde la conquista española, y pidió nuevamente al Gobierno de España que extendiera una disculpa a los mexicanos por la "conquista".
Sin embargo, muchos en esas comunidades consideran una contradicción esa disculpa mientras sus proyectos, como el Tren Maya, los están despojando de sus territorios. Ellos consideran que pedir perdón no repara los daños hechos.
A lo largo de 1,500 kilómetros el tren busca ser un atractivo turístico, al conectar a los principales sitios arqueológicos en el sureste mexicano. Con un costo de miles de millones de dólares, está planeado como un tren regional para pasajeros y carga a partir de 2024. El propietario del proyecto será el Ejército mexicano. El costo de los paquetes de traslado para turistas en el tren será de 1.000 a 2.000 dólares, según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Tan sólo en Yucatán 3,286 hogares se encuentran en el paso de ese tren, y denuncian que las autoridades, Fonatur, entre otras, buscan expulsarlos. "Nos han quitado parte de nuestras tierras, y hasta el momento no se sabe si las van a pagar o no. No estamos de acuerdo con la manera en la que se están manejando las cosas", afirma José "Pepe" Euán.
Una veintena de actores sociales, ejidatarios y políticos en Quintana Roo y Campeche no creen tener suficientes datos para decidir si están a favor o en contra del megaproyecto estrella de AMLO, el Tren Maya.
"Renta o vende tu casa a un rico"
A Pepe Euán le indigna que no haya claridad. Nadie les ha explicado en qué consistirá el beneficio para las comunidades, ni el desarrollo que traerá el tren. Y cita las declaraciones del Delegado del Gobierno Federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena (del partido Morena). En una entrevista radiofónica, el año pasado, el político reclamó a las comunidades que deberían sentirse agradecidas porque el tren les traerá desarrollo.
Euán cita textualmente, según dice, las palabras de Díaz Mena: "Si tú tienes tu casa junto a la vía, el beneficio que podrías tener es rentar esa casa a un rico, para que pueda poner un restaurante, o lo que pueda, y tu te vas a vivir lejos, pero vas a tener una renta todos los meses que le vas a cobrar a ese rico. Pero si quieres también podrías vendérsela de una vez, y entonces ya tienes tu dinero". A las mujeres les sugirió que "saquen sus mesitas al lado de la vía del tren para que vendan sus empanadas, panuchos y salbutes [comidas típicas yucatecas], a las personas que van viajando en el tren", refiere el activista. Euán reconoce que muchos pobladores, golpeados por la pandemia, tienen esperanzas en la llegada del Tren Maya para, al menos, poder vender sus productos.
José "Pepe" Euán destaca que, aunque el discurso de López Obrador es diferente al de presidentes anteriores, en el fondo, la intención sigue siendo la misma: "Se imponen proyectos, ideas, leyes, se sigue matando a luchadores sociales en las comunidades, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero. Todos los días vemos como desaparecen a compañeros que están luchando por las causas de sus pueblos".
Con 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, México es uno de los países étnica y culturalmente más diversos de Latinoamérica. López Obrador ha tenido numerosos gestos a favor de estas comunidades, lo que despertó esperanzas de cambio.
En su toma de posesión en la plaza de El Zócalo, de la Ciudad de México, en diciembre de 2018, el mandatario se convirtió en el primero del país en recibir el tradicional bastón de mando indígena, símbolo de agradecimiento por el compromiso con estas etnias largamente olvidadas por otros gobiernos.
López Obrador creó asimismo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) con 130 oficinas, y prometió una Universidad de Lenguas Indígenas. Sin embargo, la violencia que se propaga en muchas comunidades de pueblos originarios sucede a partir de la inacción y, en algunos casos, incluso con la colusión de alguno de los tres niveles de gobierno, a nivel federal, estatal o municipal.
Familia de la etnia Tzetzal, en Chiapas, desplazada por la violencia en su natal San Cristóbal de las Casas.
Violencia en los Altos de Chiapas
En los últimos seis años se ha intensificado el acoso de grupos del crimen organizado contra comunidades indígenas de los Altos de Chiapas con el objetivo de despojarlas de sus territorios. Miles de personas han sido desplazadas de una zona codiciada para el tráfico de drogas, armas y personas
La última víctima mortal fue el indígena tzoltzil Simón Pedro Pérez López, defensor asesinado por sus denuncias sobre la violencia en las comunidades, y contra las y los integrantes de la organización Las Abejas de Acteal, a la que él pertenecía como defensor de derechos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que las intimidaciones y agresiones se concentran en la región de Pantelhó y Cenalhó, ante la inacción del Estado mexicano.
La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) condenó el asesinato y llamó a las autoridades a investigar el caso de manera exhaustiva, tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación con su trabajo de defensa, e incorporando la perspectiva multicultural.
En entrevista con DW, el Representante Adjunto en México de ONU DDHH, Jesús Peña Palacios, destaca que las autoridades de Chiapas anunciaron la detención de una persona como sospechosa del asesinato, pero hasta ahora no se tiene más información, más allá del compromiso de las autoridades en la investigación del crimen.
En 2021 la ONU DDHH ja registrado los asesinatos de siete personas defensoras cuya muerte podría estar relacionada con el ejercicio de su actividad de defensa de derechos. "Los defensores, dentro de las comunidades, son uno de los colectivos que ha sufrido un mayor número de ataques en los últimos años", destaca el alto funcionario en conversación con DW. El Representante Adjunto explica que es necesaria una presencia integral del Estado.
Comunidad indígena Tzoltzil, en Acteal, Chiapas
"No es suficiente con el envío de efectivos policiales o militares, sino que, además, es necesario atender las causas que han llevado a esta situación, en la hay una debilidad en la presencia del Estado que afecta los derechos de la población. Y cuando se trata de comunidades indígenas es fundamental el diálogo con las autoridades sobre las medidas más pertinentes, para también respetar el derecho y los usos y costumbres de las comunidades".
Peña Palacios destaca, además, una cuestión fundamental. "Un porcentaje importante de los ataques que ocurren contra personas defensoras y contra periodistas provienen de las propias autoridades. No estoy hablando de asesinatos, pero sí de descalificaciones y otro tipo de agresiones. Tenemos que trabajar sobre eso porque se les pone en riesgo. Tiene que haber una labor activa de las autoridades en la defensa de la legítima labor que realizan las personas defensoras, y en este caso, de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas, que se han visto muy golpeados en los últimos años".
(cp)
